El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentará este viernes el Plan MOVES III. El nuevo programa de ayudas contará con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, pero este podría aumentar hasta 800 millones si la demanda supera las expectativas. Sin duda, se trata de una suma considerable, al menos si se compara con las cifras del plan anterior (de 100 millones de euros y otros 20 millones más como ampliación). 

Las principales novedades del Plan MOVES III

El objetivo del nuevo programa es llegar a los 250 000 vehículos eléctricos para el año 2023, esto sumado a 100 000 puntos de recarga que estarán repartidos por toda la geografía española. El plan también pretende beneficiar a las comunidades autónomas con mayor volumen de ventas, que básicamente se resumen en Madrid y Cataluña. De hecho, cerca de la mitad de todos los coches eléctricos vendidos en España proceden de la capital. 

La razón es muy sencilla. El presupuesto del Plan MOVES se distribuía teniendo en cuenta el índice de población, por lo que la mayor parte de los fondos se enviaban a las comunidades más pobladas. Sin embargo, no todas tenían la misma demanda de coches eléctricos. Mientras algunas comunidades se quedaban sin presupuesto, otras no repartían el total de las ayudas destinadas. 

Por esa razón, los fabricantes -a través de ANFAC– solicitaron al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que el modo de distribución de las subvenciones cambiara; de forma que las comunidades con mayor demanda recibieran los recursos que necesitaban. La respuesta por parte de IDAE ha sido clara: su propósito es solventar la situación ampliando de manera automática las ayudas a aquellas comunidades que se queden sin fondos. 

En cuanto a las subvenciones, el Plan MOVES II ofrecía a cada conductor 5500€ por adquirir un vehículo eléctrico y achatarrar su viejo coche. Las condiciones del nuevo plan todavía son un misterio. Lo que sí se sabe es que el Gobierno se ha comprometido a prolongar las subvenciones hasta el 2023; esto para blindar de estabilidad y previsibilidad al nuevo plan. De esta forma, los ciudadanos evitarán retrasar sus compras por temor a quedarse sin subvenciones tras finalizar el año en curso.

Reclamaciones y peticiones de los fabricantes

Por su parte, los fabricantes de automóviles (a través de ANFAC) le han hecho llegar al Ejecutivo un conjunto de reivindicaciones. Una de sus propuestas es diseñar un plan sostenido en el tiempo para achatarrar los vehículos más antiguos. De hecho, lo ideal sería que el número fuese superior a las matriculaciones de los coches nuevos; un reto que no se alcanza desde el año 2013.

La asociación también propuso nuevos objetivos en la instalación de puntos de carga. La meta es que, para finales del 2022, existan 48 000 puestos de acceso público. La idea sería poner un punto de carga por cada cien kilómetros de la Red de Carreteras. Del mismo modo, se prevé que para finales de 2025 deberían haberse instalado 110 000 puntos de carga más; esto para alcanzar los 340 000 puntos requeridos en 2030.

La patronal de los fabricantes de coches en España también ha indicado que deberían concederles una herramienta efectiva para impulsar la transformación del parque español de vehículos, instando a llevar a cabo una reforma de la fiscalidad de la automoción. 

A su juicio, muchos fabricantes piensan que los autos que más contaminan son los que deberían pagar más impuestos. Estas reformas también permitirían reajustar y reducir el IVA de los vehículos eléctricos. Así, los precios se abaratarían dándole un nuevo impulso a la tecnología ecológica.