Desde que fuese anunciada por la Unión Europea, la Euro 7 no paró de cosechar críticas, principalmente, de los principales fabricantes de automóviles del mercado. Estas compañías aseguraban que los precios crecerían notablemente y que habría muchos problemas en la cadena de producción que podrían motivar retrasos.

Pues bien, los 27 ministros de industria de los países que conforman la Unión Europea han solicitado de forma conjunta que se rebajen las exigencias de la normativa. La petición clave es un retraso de dos años en su entrada en vigor, que será finalmente en 2027 para los vehículos ligeros y en 2029 para camiones y autobuses. Recordemos que su puesta en marcha estaba prevista para mediados de 2025 y 2027, respectivamente.

Todavía no es una decisión definitiva

A pesar de que es una petición expresa del Consejo de Industria de la Unión Europea, la decisión no puede tomarse como definitiva. Esto se debe, principalmente, a que necesita ser respaldado por el Parlamento Europeo para que cobre valor. Sin embargo, lo normal es que no haya dificultades durante el proceso. No solo porque los 27 ministros de industria que conforman el organismo lo hayan aprobado, sino porque son muchos los países que llevan ejerciendo presión al respecto desde hace varios meses.

España también ha dado el visto bueno a la medica. Así lo ha asegurado Héctor Gómez, Ministro de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España actualmente en funciones. Él mismo ha asegurado que, durante los meses en los que la presidencia de la UE recae en nuestro país, el objetivo es satisfacer las necesidades de la industria automovilística comunitaria para que siga manteniéndose competitiva en todo el mundo.

Los cambios propuestos por la normativa Euro 7 que han desatado la polémica

Los límites de emisiones a través del tubo de escape se mantenían sin cambio en lo referente a los vehículos ligeros y se reducían mínimamente en los pesados. Sin embargo, la normativa hacía especial énfasis en las generadas por los sistemas de frenado y por los neumáticos. También se centraba en la durabilidad de los vehículos y establecía condiciones mínimas respecto a la vida útil y el rendimiento de las baterías de los coches eléctricos.

Las principales quejas de los fabricantes se centraban en un tema: si la decisión de prohibir la venta de vehículos de combustión interna a partir del año 2035 ya estaba tomada, ¿qué sentido tenía implantar esta nueva normativa apenas 10 años antes de su entrada en vigor? ? Sin embargo, los recientes sucesos relacionados con el cambio climático parecen demostrar la necesidad de tomar medidas urgentes.

Por su parte, los actores del sector de la automoción también afirman que ajustarse a la normativa Euro 7 conllevaría un incremento notable de los costes. Esto, en un momento en el que están realizando fuertes inversiones en electrificación, les parece totalmente inasumible. Según Sigrid de Vries, directora general de la ACEA, la entrada en vigor de esta nueva regulación conllevaría una subida inmediata de los precios de en torno a 2.000 euros de media. Algo que tampoco agradaba a los consumidores.

Esta decisión se ha producido solo unos pocos días después de que Francia haya puesto límites a la venta de coches chinos dentro de sus fronteras. Una decisión que podría seguir el resto de países de la Unión Europea con el propósito de proteger el mercado local. No olvidemos que los bajos precios a los que se venden están motivados, principalmente, a las subvenciones ofrecidas por el gobierno chino, lo que podría considerarse como competencia desleal.