Malas noticias para los defensores del medioambiente. Tras mucho movimiento en los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido anular las Zonas de Bajas Emisiones que el ayuntamiento había implementado para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, entre otras ventajas. Según se ha explicado, esta sentencia parece haberse centrado, específicamente, en motivos económicos, aunque también alude a un posible efecto discriminatorio.

Una sentencia cargada de polémica

Con la presente decisión, el Tribunal Superior de Justicia parece alinearse con los sectores más conservadores, que pedían la anulación de las ZBE casi desde su misma implementación. Esto, por supuesto, no parece gustar a todo el mundo, y ya hay voces pidiendo explicaciones más allá de la falta de informes de un impacto económico adecuado.

De este modo, la anulación de la ordenanza relacionada con la movilidad sostenible en la ciudad supone que las Zonas de Bajas Emisiones que se habían implementado en Madrid quedan suspendidas por el momento. Y eso, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, no ha causado sino más confusión. Después de todo, son muchos quienes se preguntan qué ocurrirá con las sanciones impuestas hasta la fecha y que todavía no se habían resuelto.

A la espera de la resolución final

De momento, todo parece estar en el aire, ya que todavía hay tiempo para que el Ayuntamiento de Madrid presente un recurso. De hecho, la fecha límite es el 23 de octubre. En el caso de que esto ocurra, solo quedará esperar a que se determine si el recurso prospera o, por el contrario, se anulan definitivamente las ZBE.

En qué se basa el Tribunal Superior de Justicia

Según se ha explicado, las bases para determinar el cierre de las ZBE son dos:

• Principio de transición justa: Uno de los puntos en los que hace hincapié la sentencia es el hecho de que no se cumple el principio de transición justa. Este punto, tenido en cuenta en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, implica que cualquier política medioambiental ha de considerar las circunstancias económicas de todos los colectivos, incluidos los vulnerables. Según esto, no se habría llevado a cabo una evaluación acerca del impacto que estas restricciones podían tener en autónomos, pymes y ciudadanos con poco poder adquisitivo.
• Consecuencias a nivel económico: El otro punto clave para anular las ZBE ha sido el hecho de que, según el Tribunal Superior De Justicia, las ZBE se convertían en una carga económica para los ciudadanos con pocos recursos. También se señalaba cómo afectaba esto a los vehículos profesionales en lo que a restricciones se refiere. Además, se indica que la implementación de las ZBE no iba acompañada de soluciones para facilitar la transición energética en el parque automovilístico.

¿Y qué ocurre con las multas?

Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta qué va a ocurrir, a partir de ahora, con las sanciones impuestas hasta el momento. Y es que es posible que el Ayuntamiento de Madrid se vea obligado a paralizar cualquier multa que se haya impuesto por un acceso no permitido a las Zonas de Bajas Emisiones. Asimismo, podría darse el caso de que tenga que devolver el dinero ya recaudado hasta el momento, una cifra que, según las estimaciones, superaría los 330 millones de euros.

De cumplirse esto, estaríamos hablando de más de 1 760 000 sanciones en total. Por supuesto, todavía tendremos que esperar para saber si el Ayuntamiento de Madrid presenta el recurso y qué ocurre a partir de entonces. Sin embargo, todo parece augurar a que se mantendrá en pie la decisión del TJSM y que las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid, de momento, tienen los días contados.