La Asociación Española de Automovilistas (AEA) ha pedido al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una moratoria de dos años en la prohibición de circular por la ZBE de Madrid que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2025. Esta solicitud se realiza ante la preocupación por el impacto económico y social que afectará a cientos de miles de propietarios de vehículos sin etiqueta residentes en la capital, que se verán obligados a dar de baja sus coches o sacarlos fuera de la ciudad.
Recordamos que, según la normativa, a partir del 1 de enero de 2025 las restricciones a la circulación en la ZBE de Madrid también se aplican a los coches sin etiqueta empadronados en dicho ayuntamiento.
Solicitud de la moratoria
La Asociación Española de Automovilistas (AEA) ha presentado una solicitud urgente al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que se apruebe una moratoria de al menos dos años en la entrada en vigor de la prohibición que impedirá a más de un millón de vehículos circular por la capital a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida, contemplada en la Disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018, afectará a la mayoría de los vehículos que no cuentan con la etiqueta medioambiental de la DGT, excluyéndolos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid.
AEA ha fundamentado su petición en la grave situación económica y social que esta prohibición generará, ya que forzará a los propietarios de estos vehículos a darlos de baja en la Dirección General de Tráfico o a sacarlos del ámbito urbano, un proceso que afectará a dos de cada tres automóviles del parque madrileño, y a una proporción significativa de la población de la ciudad.
Sin una moratoria o una revisión de la medida, miles de madrileños se enfrentarán a una disyuntiva compleja: deshacerse de sus vehículos o enfrentarse a sanciones que, a razón de 200€ por multa, pueden llegar a ser insostenibles dadas las economías familiares particulares.
Dimensión del problema
El impacto de esta medida es de una magnitud considerable: según las estimaciones de AEA, más de 1,2 millones de vehículos se verán afectados, a pesar de cumplir con la normativa de emisiones vigente y de contribuir con cerca de 32 millones de euros anuales al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) que recauda el Ayuntamiento de Madrid. A partir del 1 enero de 2025, estos vehículos no solo no podrán circular, sino que tampoco podrán permanecer estacionados en ninguna vía pública de la capital, lo que podría llevar a sanciones de hasta 200 euros por infracción.
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AEA destaca que cuando se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible en 2018, no se consideró adecuadamente la dimensión económica y social de esta medida. La asociación argumenta que la normativa actual no respeta el principio de proporcionalidad que debe guiar cualquier restricción de derechos, lo que implica que los propietarios de estos vehículos se enfrentan a una inhabilitación masiva sin compensación alguna por la pérdida de valor de sus activos, estimados en más de 5.200 millones de euros.
Otros datos a tener en cuenta
Además de la moratoria, AEA ha propuesto la exención del IVTM para los vehículos que, aunque estén inscritos en el padrón municipal, no puedan circular por la ciudad debido a las nuevas restricciones. Esto evitaría que los ciudadanos tuvieran que pagar impuestos por vehículos que están efectivamente inhabilitados para su uso en la capital, lo que se ajustaría al principio de equidad fiscal que establece la Ley de Haciendas Locales.
Otra preocupación expresada por AEA es la falta de claridad en la señalización de las Zonas de Bajas Emisiones. La organización denuncia que cada día, cientos de conductores acceden a estas áreas sin darse cuenta, lo que resulta en sanciones automáticas de 200 euros que consideran desmedidas e injustas. Por ello, han solicitado que se refuerce y mejore la señalización para evitar que los conductores sean penalizados de manera inadvertida. El impacto de esta normativa no solo afectará a los propietarios de vehículos, sino también a las arcas municipales, que podrían ver una reducción significativa en la recaudación del IVTM.
La decisión ahora está en manos del Ayuntamiento, que deberá considerar el alcance de esta solicitud y el potencial impacto de la normativa actual sobre los ciudadanos y la economía local. Mientras tanto, miles de propietarios de vehículos en Madrid esperan una respuesta que, de no llegar a tiempo, podría cambiar drásticamente su día a día a partir del próximo enero.
Celebro que AEA pida una moratoria a la aplicación de la salvaje y desproporcionada ZBE de Madrid, pero dado que esta ordenanza se haya recurrida en los tribunales desde noviembre de 2021, lo primero que habría que exigir son medidas cautelares hasta la evacuación de la sentencia.