Los fabricantes alemanes se han comprometido ante el Gobierno Federal a reducir las emisiones de NOx en un 25% en, al menos, 5 millones de los 15 millones de turismos diésel que circulan actualmente en Alemania. En la cifra se incluyen los 2,5 millones de unidades afectadas por el ‘dieselgate’ del grupo VW. El coste de la operación podría superar los 2.500 millones de euros.
Esta medida de urgencia pretende salvar a un tercio los turismos diésel que ya circulan en el país germano de la amenazada de restricciones especiales para la circulación urbana. Y también, salvaguardar los modelos actualmente en producción con este tipo de motor.
Esta operación llega en un momento en el que los diésel se la juegan, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada un tribunal de Stuttgart dio la razón a un grupo ecologista para prohibir la circulación de vehículos con motores diésel en su ciudad a partir del 1 de enero de 2018. Una medida que ha sido recurrida.
Las marcas asumirán el coste para ganar tiempo y mantener los diésel en sus gamas futuras
A dos meses de las elecciones legislativas, Angela Merkel no quiere irritar a los 15 millones de conductores que se verían afectados por la prohibición; actualmente en Alemania circula este número de turismos diésel censados de los que casi 9 millones cumplen las normas Euro 5 (unos 6 millones) o Euro 6 (más de 2,5 millones). Tampoco quiere/puede poner en peligro más de 800.000 puestos de trabajo que se verían afectados en el caso de una drástica caída de ventas de los turismos diesel. El Gobierno, no obstante, tampoco puede prescindir del voto de personas preocupadas por el medio ambiente si Merkel quiere conservar la cancillería.
Los fabricantes, por su parte, compran tiempo: todavía necesitan el diésel para cumplir las más restrictivas normas de homologación de emisiones que entrarán en vigor y que siguen basadas en las emisiones de CO2, aspecto en el que el diésel consigue resultados más favorables que la gasolina. Tampoco pueden efectuar un cambio drástico de sus expectativas de producción en tan corto periodo de tiempo. Y sobre todo, necesitan tiempo para desarrollar su tecnología y gamas eléctricas; no sólo es un problema tecnológico sino de capacidades de producción de motores, baterías, etc.
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Los cambios pueden suponer unos 500 euros por coche que asumirán las marcas
Los cambios para reducir las emisiones se centrarán en el software, con un costo medio estimado de 500 euros por coche, aunque los medioambientalistas sugieren que será necesario cambiar en algunos casos otros elementos de hardware (es decir, de mecánica), lo que podría triplicar el coste.
Ahora está por ver si otros países querrán que las marcas se comprometan en una operación parecida en sus respectivos mercados.
