El coste de la inspección técnica de vehículos (ITV) en España revela un panorama muy desigual que afecta directamente el bolsillo de los conductores. Según un estudio de Facua (Consumidores en Acción), los precios para esa revisión obligatoria pueden variar hasta un 210% dependiendo de la comunidad autónoma donde se resida. Esta brecha tarifaria evidencia diferencias significativas en el acceso a un servicio básico y plantea interrogantes sobre la regulación y equidad en el sector. Analizamos dicho informe.
¿Cuánto cuesta pasar la ITV según dónde vivas?
La investigación de Facua, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra los abusos de empresas y gobiernos, muestra cómo el precio promedio de la ITV fluctúa dramáticamente entre regiones en España. Por ejemplo, en Mallorca, los conductores pagan la tarifa más baja para vehículos de gasolina, con una media de 17,01 euros. En contraste, en País Vasco, la revisión puede alcanzar los 52,68 euros, más del triple. Si hablamos de diésel, la diferencia es un poco menos notoria: desde los 29,25 euros en Extremadura hasta los 66,02 euros en Madrid.
Los datos anteriores subrayan una desproporción difícil de justificar, considerando que el servicio y los requisitos técnicos son idénticos en todo el país. La autonomía de las comunidades para fijar sus modelos de explotación y sus precios en las ITV genera un mosaico de tarifas que afecta las economías familiares, especialmente en regiones con los ingresos más bajos y los precios más altos.
¿Cuál es el precio medio de la ITV en España?
Según Facua, la tarifa media de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 39,29 euros para los turismos de gasolina (un 10,5% más que en 2023) y de 47,12 euros para los que llevan un motor diésel (un 9,3% más que el año pasado). Las divergencias en los precios son de hasta un 209,7% para los automóviles del primer tipo y de hasta un 125,7% para el segundo.
La regulación autonómica y sus implicaciones
La disparidad tarifaria en ITV responde a la descentralización del servicio, ya que cada comunidad establece las condiciones y precios a través de concesiones o empresas públicas. Sin embargo, Facua critica la falta de armonización, pues permite a algunos operadores aplicar tarifas considerablemente más elevadas. Esta diferencia no siempre se traduce en una mejor calidad del servicio, sino que puede ser el peligroso resultado de políticas menos reguladas o contratos más onerosos, lo que merece una denuncia.
Facua también señala que en las comunidades autónomas con concesiones privadas, como Madrid, los precios tienden a ser más altos en comparación con todas aquellas gestionadas por organismos públicos. Esto plantea preguntas sobre la necesidad de intervenciones estatales para garantizar una mayor equidad en el acceso a las ITV.
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En este sentido, no sólo los precios varían de una región a otra. También las tarifas se desglosan en conceptos diferentes en cada comunidad. Las hay que incluyen todas las revisiones y las que desglosan el coste de cada apartado (emisión de gases, control de ruidos, etc.), aunque estén incluidos en la inspección obligatoria por ley. En general, existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada zona fija sus importes, llegando a tener en cuenta hasta distinciones por cilindrada, como es el caso de Andalucía, pese a regirse por exactamente la misma normativa estatal que el resto.
Las dos ruedas, aún más afectadas si cabe
La disparidad en las tarifas no se limita a los automóviles. Facua destaca en su informe que, en el caso de las motocicletas, las diferencias pueden superar incluso el 250%. En este segmento de vehículos, Mallorca presenta las tarifas más bajas (10,21 euros de media), mientras que en Madrid los precios se disparan (49,11 euros), consolidando la desigualdad económica en la prestación de este servicio esencial para el parque móvil.
Además, una subida promedio del 12,4% hasta los 24,25 euros genera una situación que podría llegar a desincentivar a los usuarios de motos a realizar las revisiones periódicas en cuestión, lo cual, además de afectar sus bolsillos, podría comprometer su seguridad vial y la de todos los conductores. Es por esto que Facua insta con urgencia a las administraciones públicas a revisar sus políticas y a buscar un modelo más justo y transparente que elimine estas disparidades.
Que triste que algo tan serio consigan que no le demos credibilidad , si de verdad ayuda a la seguridad de todos porque no un precio fijo y simbólico