La ley del cambio climático prevé acabar con los térmicos en 2014

El Gobierno tiene previsto aprobar finalmente hoy martes la Ley del Cambio Climático que incluye numerosas medidas para orientar el futuro hacia una reducción drástica de emisiones contaminantes. Retrasada la aprobación por la crisis del Covid-19, esta ley afectará claramente al mundo de la automoción, aunque de manera menos radical de lo que se había apuntado en un principio.

En contra de lo anunciado previamente y, al contrario de lo que sucede en otros países europeos que sí han establecido prohibiciones vinculadas a una fecha concreta, finalmente la ley no prohibirá la venta de coches con motores térmicos (gasolina, diésel, gas y cualquier tipo de híbridos) a partir del año 2040 pero, en cambio, pondrá en marcha una serie de medidas que consigan, sin necesidad de prohibirlos, que esas tipologías de vehículos desaparezcan, sobre todo en los ámbitos de los turismos y los vehículos de transporte urbano, ya sean colectivos o de reparto de productos.

Si se consigue el primer objetivo de llegar a 2040 sin nuevas matriculaciones de vehículos de combustión, se estará mucho más cerca del doble objetivo fijado para 2050 de disponer del 100% de energía eléctrica de origen limpio y de la eliminación, en esa fecha, de todos los vehículos con motor térmico en circulación salvo aquellos que tengan consideración de vehículos históricos.

Fuentes del Gobierno, consultadas por Europa Press y citadas por algunos medios, entre ellos El Mundo, sostienen que finalmente el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático sin incluir esta prohibición para no crear un nuevo motivo de conflicto con la industria del automóvil y confiando en que sea el propio mercado, movido por las medidas adoptadas durante las próximas dos décadas, el que elimine los modelos con motor de combustión, una evolución que, por otra parte, ya es la que lleva la industria en los últimos años.

La Ley busca, en su conjunto, establecer una serie de medidas que permitan salir de la actual crisis climática con una nueva formulación económica basada, esencialmente, en la obtención y utilización de energías no contaminantes. España debe someterse, de acuerdo con la ley, a un proceso de descarbonización progresivo que permita que el 100% de la energía eléctrica generada en el año 2050 proceda de energías renovables limpias. La idea del Gobierno es que en 2030, el 35% de la energía consumida y el 70% de la energía eléctrica tengan ya este origen, lo que supondría reducir en un 30% las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero con respecto a las cifras de 1990.

La ley contempla, entre las diferentes medidas a adoptar para conseguir esos objetivos y siempre de acuerdo con los fabricantes, establecer ayudas permanentes para favorecer la renovación del parque de vehículos a favor de modelos eléctricos o de pila de combustible movidos por hidrógeno una vez esta tecnología se desarrolle y se consolide. Las subvenciones estarían garantizadas, en principio, hasta el año 2025, fecha en la que se prevé que los modelos eléctricos, ahora claramente más caros, equilibren su precio con sus equivalentes térmicos. La Ley no establece, en principio, penalizaciones para los modelos de combustión, estrategia utilizada en otros países para forzar, junto a las subvenciones a los eléctricos, la convergencia de precios.

Otra de las medidas previstas que afectará a la circulación de vehículos en las áreas urbanas será la obligatoriedad de que todas aquellas poblaciones de más de 50.000 habitantes desarrollen antes del año 2023 una zona de bajas emisiones y pongan en marcha diferentes estrategias con medidas para favorecer el transporte urbano colectivo y los desplazamientos con vehículos limpios como la bicicleta como fórmulas para reducir el uso de los vehículos a motor en la trama urbana.