En el momento en el que se reformó el procedimiento sancionador a finales de 2009 el número de sanciones pasó de dos a cuatro millones y el de alegaciones se redujo de un millón a sólo 70.000. También la administración consiguió que se pagaran el 75% de las multas, frente al 48% que cobraba antes. Una de las claves fue la aplicación de un nuevo procedimiento abreviado por pronto pago con un 50% de reducción de la cuantía. Actualmente lo utilizan el 97% de los usuarios y sólo un 3% o 4% recurren.
No obstante, un informe que acaba de publicar Automovilistas Europeos Asociados (AEA), asociación que defiende a los conductores, advierte que los tribunales anulan cada vez más multas impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT), especialmente las que están relacionadas con excesos de velocidad “porque no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares”.
“En la actualidad, el 64% de los conductores prefieren pagar con descuento a plantear ningún tipo de recurso aunque consideren que la denuncia formulada sea injusta, pero en los últimos tres años el número de sentencias judiciales favorables a los conductores sancionados se ha incrementado en catorce puntos porcentuales, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la DGT”, dice el informe.
De los 26.912 recursos planteados por conductores ante los tribunales de 2011 a 2016 se han ganado (con anulación total o parcial de la sanción) un 35,36%, mientras que de los 14.804 que se presentaron entre 2017 a 2020 se ha conseguido un 49% de sentencias favorables.
Sobre el margen de error de los radares
En relación a la aplicación irregular del margen de error de los radares, el informe de AEA hace referencia a una reciente sentencia dictada por un Juzgado de Pontevedra en la que no sólo se hace referencia a la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones sino a que esta imposición de multas de velocidad por parte de la DGT también afecta al interés general por el aumento de la expresa condena de las costas judiciales a la Administración, “por su temeridad al no haber rectificado la resolución impugnada, pese a conocer que todos los juzgados contencioso-administrativos de la ciudad (…) mantienen el mismo criterio sobre el margen de error, y que otras Administraciones ya lo están aplicando desde tiempo atrás sin problema alguno”.
Esta situación, sin duda, implica un aumento del gasto de la administración al tener que pagar costas judiciales a los conductores afectados, dinero que al final pagamos todos los ciudadanos. La última sentencia obtenida por los servicios jurídicos de AEA condenó a la Administración a pagar 400 € . “Si se aplicara en todos los procesos judiciales que pierde, seguramente la DGT dejaría de ser un organismo recaudador tal y como, sin pudor alguno, ha reconocido ejercer esta función su director general”, afirma el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
70 millones de denuncias en 20 años
En los últimos 20 años (de 2001 a 2019) la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras del Estado (menos País Vasco y Cataluña), con una recaudación de poco más de 6.500 millones de euros. Estos datos implican un incremento del 122% en el número de sanciones y un 89% en la recaudación a pesar de que el parque creció en una proporción menor, un 42%. En este enlace puedes consultar los motivos de las multas que la DGT puso en 2020.
