Alemania impone un límite de CO2 más elevado

Alemania ha conseguido bloquear el acuerdo de la Unión Europea que preveía reducir a sólo 95 gr/km la media de emisiones de CO2 de los diferentes grupos industriales fabricantes de automóviles europeos en el año 2020. La presión ejercida por el lobby de constructores Premium alemanes, esencialmente BMW y Daimler, ha dado sus frutos y el Gobierno de Angela Merkel ha logrado una serie de apoyos (Gran Bretaña y Polonia) que han permitido que en la pasada reunión de ministros de medio ambiente en que debía ratificarse la medida, se diera marcha atrás.

Ahora, Lituania, que es quién preside este semestre la Unión, deberá trabajar en las próximas semanas para llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo que, en junio pasado aprobó la propuesta de los 95 gr/km para 2020. Si la propuesta finalmente no prospera, el límite se establecerá en los 130 gr/km que pretende Alemania y el de 95 quedaría retrasado hasta 2024.

Alemania ha conseguido de momento bloquear la implantación de los 95 gr/km y que se vuelva a negociar el límite, lo que le da tiempo para mantener su presión y renegociar ese límite a la alza. Los ministros de medio ambiente, no obstante, forzarán a que se tome una decisión definitiva en semanas y no en meses para que el tema no se eternice teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones al Parlamento Europeo y existe el riesgo de que el tema quede sin una resolución firme antes de que eso ocurra.

El meollo de la cuestión es la dificultad que tendrán las marcas alemanas Premium para reducir su media de emisiones contaminantes. Marcas como Mercedes o BMW fabrican coches eficientes en proporción a su tamaño pero no en cifras absolutas. Así, los constructores generalistas franceses y Fiat estaban de acuerdo con la reducción a 95 gr/km puesto que sus cifras medias actuales ya están cerca de los 120 gr. Los alemanes, en cambio, tienen cifras medias sobre 160 gr fruto de la mayor cantidad de modelos con motores de gran cilindrada que fabrican.

El Gobierno de Angela Merkel, que ha apoyado al máximo a sus marcas, sostiene que, de imponerse los 95 gr/km pueden perderse en Alemania miles de puestos de trabajo si las marcas locales se ven en la obligación de dejar de fabricar coches de gama alta, única fórmula que se vislumbra para llegar a cumplir con la normativa. Las marcas germanas llevan tiempo buscando soluciones para reducir su media de emisiones y la gran cantidad de vehículos eléctricos e híbridos en proyecto son una consecuencia de ello.

Alemania busca retrasar cuatro años la aplicación de la medida para ganar tiempo

Además, el lobby alemán ya consiguió en su momento que la media de emisiones se contemplara por grupos industriales y no por marcas (única manera de aprovechar las bajas emisiones de los Smart para compensar las más elevadas de los Mercedes de gama alta o de que los Volkswagen up! garanticen la supervivencia de Porsche, por ejemplo).

La pelota está ahora en el tejado de la presidencia europea que debe devolver el proyecto al Parlamento Europeo para su revisión. Países como Francia o Italia presionarán para que no se aumente el límite de 95 gr/km ya que esa medida, además de al medio ambiente, beneficia a sus fabricantes y lo mismo harán otros países como Suecia.

Las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de medio ambiente alemán, Peter Altmaier, declaró a la agencia Reuters que “está claro que debemos fijarnos un objetivo ambicioso en términos de protección del medio ambiente pero también lo está que en algunos casos hay que ser más flexibles, en especial si hay riesgo de pérdidas importantes de puestos de trabajo y de competitividad de las empresas”.

Voces independientes sostienen que sería muy importante aprobar y aplicar la norma de los 95 gr/km. La consultora Cambridge Econometrics ha llegado a la conclusión de que si se implantara la medida, Europa ahorraría unos 70.000 millones de euros anuales en combustible (una media de 95 gramos equivale a un consumo medio de 4 l/100 km) y sólo Alemania ahorraría 9.000 millones.

El lobby alemán ha conseguido el apoyo de Gran Bretaña y Polonia

Greg Archer, responsable del Grupo de Transporte y Medio Ambiente de la Unión Europea considera “inaceptable el precio que deberán pagar los ciudadanos europeos con esta medida, tanto a nivel de factura de combustible como medioambiental” y añade que “la medida adoptada en junio respondía a un compromiso político razonable. Ahora deberemos volver al punto de partida”.

En definitiva que, de nuevo, los políticos han parado una propuesta de los técnicos a los que la Unión Europea había pedido la elaboración del informe y que habían trabajado en ello durante los últimos años teniendo encuenta todos los parámetros -medioambientales, tecnológicos y económicos- sobre los que esta propuesta incidía.