El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por los retrasos en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en diversas ciudades españolas, calificando la situación como “injustificada” y urgiendo su instalación. Estas áreas, destinadas a restringir el acceso a vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire, son una pieza clave en la lucha contra el cambio climático y a la hora de crear un entorno urbano más saludable.
España, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, estableció que todos los municipios de más de 50.000 habitantes, o de más de 20.000 si superan los valores límite, así como territorios insulares, deberían contar con una ZBE antes de 2023. En total, 151 ciudades.
Sin embargo, según el informe del Defensor del Pueblo, el progreso ha sido lento y tan solo una veintena de ellas las ha activado, mientras que las demás están en trámite o se ha rebelado frente a tal medida, como es el caso de Arganda del Rey (Madrid).
La llamada de atención del Defensor del Pueblo
La institución, con Ángel Gabilondo al frente, ha subrayado que los retrasos son "injustificados" y pide a las autoridades locales y al Gobierno central que actúen de manera inmediata. Ellos mismos han abierto una actuación de oficio para investigar dichos retrasos, a los que se alegan diversas razones.
La falta de planificación, complejidad en los trámites, conflictos políticos o dificultades técnicas y financieras suelen ser las más frecuentes, algo que desde el Defensor del Pueblo instan a solventar a la mayor brevedad posible, puesto que asegura que esto solo trae consigo mayores niveles de contaminación y un incumplimiento de los objetivos climáticos nacionales e internacionales.
La calidad del aire en algunas urbes sigue siendo preocupante y este tipo de medidas tienen un impacto positivo demostrado. Ejemplo de ello son ciudades europeas con ZBE, como Londres o Berlín, que han conseguido reducciones significativas en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas en suspensión (PM10 y PM2.5).
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También el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado este mismo año requerimientos de información a las 127 urbes y 11 islas que no cumplen todavía la Ley de Cambio Climático, mientras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible exigirá tener instaladas las ZBE en 2025 si los municipios no quieren perder las subvenciones al transporte público.
El reto del sector frente a las ZBE
La implementación de las ZBE también supone un desafío para el sector del automóvil, ya que incentiva la transición hacia vehículos más limpios, como eléctricos, híbridos y aquellos con etiquetas ambientales bajas en emisiones que permiten acceder a zonas restringidas.
Sin embargo, ha quedado demostrado que esto genera tensiones entre los conductores y las políticas públicas, especialmente en un contexto en el que no todos pueden permitirse la renovación de su vehículo, a pesar de las ayudas disponibles, como es el caso del Plan Moves III.
Sin embargo, esta medida también abre la puerta a nuevas oportunidades, como son la expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, los incentivos fiscales para la compra de automóviles sostenibles y el impulso al transporte público son algunos de los pasos que deben acompañar a las ZBE.
Suena extraña la noticia, sín embargo, habrá que cumplirla la ley.