La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado hoy la llamada hoja de ruta 2023-25 con una serie de medidas propuestas al Gobierno para recuperar los niveles de ventas y de producción anteriores a la pandemia y asegurar así el empleo y el peso industrial del sector del automóvil en España. Para ello ha pedido mejoras en la fiscalidad del automóvil, ayudas a la compra de vehículos electrificados más racionales que el actual plan MOVES III y un impulso de las infraestructuras de recarga públicas con el objetivo de avanzar en la electrificación del parque automovilístico nacional y de que España no quede entre los países donde esta última avanza a menor velocidad.
Wayne Griffiths, presidente de Seat y de ANFAC ha explicado que la intención de la entidad que preside es alertar de la difícil situación que atraviesa la industria del automóvil en España y, sobre todo “que 2023 no sea un año perdido como lo ha sido 2022”. En este sentido, ANFAC ya presentó su hoja de ruta el año pasado con una serie de medidas que el Gobierno no ha adoptado y que ahora vuelven a ponerse sobre la mesa. A la pregunta de qué hace pensar a ANFAC que medidas no tomadas el año pasado puedan implementarse éste que es, además, un año electoral, los responsables de ANFAC, Griffiths y José López-Tafall, director general, hablaron de que estas medidas se han convertido en una prioridad y que el Gobierno debe ser receptivo ya que el futuro de la industria española depende en buena parte de que se acelere la electrificación del mercado.
En este sentido, ANFAC explicó que el mercado español debería estar en unas cifras de entre 1,2 y 1,3 millones de vehículos vendidos y que este año apenas se ha llegado a 800.000, mientras que, de estos, solo se han matriculado 78.329 turismos electrificados (la mayoría híbridos enchufables) en lugar de los 120.000 esperados. Griffiths se preguntó durante la rueda de prensa “como van los grandes grupos industriales que toman sus decisiones fuera de España a elegir a nuestro país como productor de coches eléctricos cuando en España apenas se vende este tipo de coches”.
Al respecto, las cifras son desalentadoras. Griffiths y López-Tafall explicaron que mientras que en España las ventas de coches electrificados no alcanzaron el 10% del total en 2022, en países como Alemania, Gran Bretaña, Francia o Portugal rozan cuando no superan el 20% y que esa brecha tiende a hacerse cada vez más grande dejando a España en la parte baja de la Europa de las dos velocidades. Por lo que respecta a los puntos de recarga, en España existen solo 17.000 cuando deberíamos estar en unos 45.000, lo que obligará a multiplicar por 37 los puntos de recarga de cara a 2035, algo que se ve actualmente como muy difícil de alcanzar.
Asimismo, la bajada de las matriculaciones (se ha perdido un 35% desde la pandemia, la cifra más alta de Europa) provoca que el parque esté cada vez más envejecido (14 años de media cuando en 2015 era de 11,6) y sea menos seguro y el hecho de que se vendan pocos vehículos electrificados deja a España con la media de emisiones de vehículos nuevos más alta de Europa con 126,8 gr de CO2 por km contra 113,6 de Alemania o 107,1 de Portugal, por ejemplo.
Wayne Griffiths ha explicado a modo de conclusión que “estamos incumpliendo la doble hoja de ruta a la que aspiramos: cero emisiones y cero accidentes. Y nuestra principal preocupación es que, si no actuamos ahora y de manera contundente, el escenario va a empeorar. O hacemos algo de manera urgente y de manera amplia o nos quedaremos atrás y perderemos el papel protagonista que nuestra industria ha desempeñado en Europa en los últimos años”.
Las medidas propuestas
Para superar este mal momento, ANFAC propone medidas que "deben ser urgentes y, además, contundentes, de amplio calado". Para incrementar las ventas de vehículos electrificados es necesario modificar las ayudas públicas. ANFAC reclama que las ayudas se descuenten directamente en la compra del vehículo, que exista una gestión única de las subvenciones y que éstas no computen como ingresos en la declaración de la renta. De este modo, el usuario percibirá las ayudas de manera muy diferente a las actuales del MOVES III lastradas por la complicación burocrática, por el retraso en el pago, que obliga al usuario a abonar el precio completo del coche y esperar y por la obligación de computarlas como ingresos en renta, lo que disminuye su importe.
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López-Tafall explicó que “lo que pedimos en este apartado es algo que se ha implementado con éxito en numerosos países en Europa. No estamos inventando nada, sino que lo que hacemos es pedir que se traslade a España lo que ella ha funcionado en aquellos países que nos llevan una notable delantera en el ámbito de la electrificación. En Alemania, por ejemplo, se descuentan hasta 10.000 € en la compra de un coche nuevo y ese dinero no tributa como ingreso en hacienda”.
En el ámbito de la fiscalidad, ANFAC se ha resignado ya a que hasta 2024 no pueda plantearse un cambio general en el modelo fiscal que afecta al automóvil, pero López-Tafall explicó que “la reducción en la amortización para las empresas que compren vehículos electrificados está muy bien, pero, además, necesitamos mejoras en el IVA, en el impuesto de sociedades y en el IRPF y las necesitamos desde 2023”.
En el apartado de las infraestructuras, la asociación de fabricantes reclama un plan de ayudas para las estaciones de recarga de más de 150 kW, que se establezcan unos objetivos vinculantes de despliegue de la red de recarga, que exista una publicación actualizada para localizar todos los puntos disponibles y que se aceleren todos los trámites tanto de acceso a la red como de conexión y de puesta en marcha de los nuevos puntos construidos. Finalmente, que se impulse una única plataforma de pago para todos los puntos existentes, como ya existe, por ejemplo, en Portugal.
López-Tafall explicó que, por ejemplo, en Alemania “además de subvencionar la instalación de puntos de recarga rápido, de precio elevado, el Gobierno cubre el margen existente de los costes de explotación y eso ha sido aprobado por la Unión Europea. Si se ha aprobado allí, también debería poder hacerse en España para, de este modo, incentivar a las empresas energéticas a construir una red de recarga suficiente que contribuya también a la venta de vehículos eléctricos.
Tanto Griffiths como López-Tafall han destacado la buena predisposición del Gobierno a hablar de los problemas de la industria del automóvil y de la consideración que el ejecutivo tiene con respecto de esta industria, pero han reclamado las medidas explicadas así como, por ejemplo, un alargue del plazo de proyectos presentados al PERTE VEC de ayudas comunitarias para el sector que vayan más allá de 2026 y alcancen, al menos, el año 2028 para que más proyectos futuros en España tengan posibilidades de acogerse a estas ayudas públicas.
En Portugal, un país con una economía más lastrada que la de España, los eléctricos tienen un 30 por ciento de introducción frente al 9 por ciento de nuestro país. Por lo tanto los de ANFAC tienen toda la razón.